"MISIÓN JUSTICIA SOCIAL" Extractos

En resumen, el Estado colonial-burgués que heredamos, despojó a las comunidades y al Poder Popular del ejercicio de la justicia, centralizando, elitizando y burocratizando todo el aparato de justicia, al punto que, no es capaz de garantizar acceso y atención jurídica a las mayorías sociales desfavorecidas en el reparto económico capitalista.

Esto se traduce en la ausencia de espacios populares para abordar los problemas socio jurídicos y de instituciones que a escala local atiendan esta materia; y en los casos que las instituciones del ámbito jurídico entran a resolver problemas de los ciudadanos, actúan desde criterios y valores que favorecen a los sectores burgueses y merman las posibilidades reales de justicia de las mayorías populares, impidiendo la concreción en la práctica, del nuevo modelo de Estado y de democracia participativa y protagónica; reproduciendo las estructuras del viejo Estado de Derecho cuarto republicano y su democracia representativa con las lógicas de dominación coloniales-capitalistas, con clara inclinación y privilegio hacia los sectores burgueses.

No existiendo instancias legitimas de resolución de conflictos, la violencia se convierte en un recurso cotidiano para resolver las controversias en la mayoría de los escenarios sociales.

La vieja estructura del Estado burgués permanece aún en el escenario, y sus actores enquistados en las estructuras de poder, sirven a la burguesía, logrando una impunidad casi plena. Este aparato arremete contra los sectores populares, convirtiéndose en uno de los principales enemigos de sus luchas por la justicia social.

Las escuelas de derecho tradicionales y funcionarios de justicia, identificados con la clase burguesa inclinan la balanza del aparato de justicia a favor de la burguesía; sumado a esto, el poder económico que esta clase social tiene para comprar a funcionarios de todos los niveles; desde la policía, el secretario del tribunal, hasta el juez o posteriormente a los funcionarios del sistema penitenciario; su poder para contratar a más de un bufete de abogados, mientras las personas de escasos y medianos recursos tienen que conformarse muchas veces con un funcionario público abarrotado de casos.

Y por último, la disposición de la burguesía criminal de eliminar incluso físicamente (llegando a algo tan poco visto en nuestro país como el acto de asesinar con una bomba para causar terror) a quienes se atreven a acusarlos o juzgarlos; como ocurrió con el Fiscal Valiente Danilo Anderson, hace que nuestro “sistema de justicia” sea aún: un aparato vivo del Estado de derecho colonial-burgués que el pueblo venezolano resolvió transformar a través del ejercicio del Poder Constituyente Originario con el que decidió la refundación de la República, pero que no se ha logrado transformar realmente desde el Poder Popular conforme a ese mandato.

De otro lado, se ha podido evidenciar en las comunidades el surgimiento embrionario de las mesas técnicas jurídicas y de las comisiones de justicia o derechos humanos en los consejos comunales, que empiezan a plantearse tanto la construcción de normativas comunitarias, como la reflexión y discusión sobre las políticas públicas nacionales y las maneras que estas afectan a los ciudadanos y a las comunidades.