En resumen, el Estado
colonial-burgués que heredamos, despojó a las comunidades y al Poder Popular
del ejercicio de la justicia, centralizando, elitizando y burocratizando todo
el aparato de justicia, al punto que, no es capaz de garantizar acceso y
atención jurídica a las mayorías sociales desfavorecidas en el reparto
económico capitalista.
Esto se
traduce en la ausencia de espacios populares para abordar los problemas socio
jurídicos y de instituciones que a escala local atiendan esta materia; y en los
casos que las instituciones del ámbito jurídico entran a resolver problemas de
los ciudadanos, actúan desde criterios y valores que favorecen a los sectores
burgueses y merman las posibilidades reales de justicia de las mayorías
populares, impidiendo la concreción en la práctica, del nuevo modelo de Estado
y de democracia participativa y protagónica; reproduciendo las estructuras del
viejo Estado de Derecho cuarto republicano y su democracia representativa con
las lógicas de dominación coloniales-capitalistas, con clara inclinación y
privilegio hacia los sectores burgueses.
No existiendo
instancias legitimas de resolución de conflictos, la violencia se convierte en
un recurso cotidiano para resolver las controversias en la mayoría de los escenarios sociales.
La vieja
estructura del Estado burgués permanece aún en el escenario, y sus actores enquistados
en las estructuras de poder, sirven a la burguesía, logrando una impunidad casi
plena. Este aparato arremete contra los sectores populares, convirtiéndose en
uno de los principales enemigos de sus luchas por la justicia social.
Las escuelas de derecho
tradicionales y funcionarios de justicia, identificados con la clase burguesa
inclinan la balanza del aparato de justicia a favor de la burguesía; sumado a
esto, el poder económico que esta clase social tiene para comprar a
funcionarios de todos los niveles; desde la policía, el secretario del
tribunal, hasta el juez o posteriormente a los funcionarios del sistema
penitenciario; su poder para contratar a más de un bufete de abogados, mientras
las personas de escasos y medianos recursos tienen que conformarse muchas veces
con un funcionario público abarrotado de casos.
Y por último, la disposición de la
burguesía criminal de eliminar incluso físicamente (llegando a algo tan poco
visto en nuestro país como el acto de asesinar con una bomba para causar terror)
a quienes se atreven a acusarlos o juzgarlos; como ocurrió con el Fiscal
Valiente Danilo Anderson, hace que nuestro “sistema de justicia” sea aún: un
aparato vivo del Estado de derecho colonial-burgués que el pueblo venezolano
resolvió transformar a través del ejercicio del Poder Constituyente Originario
con el que decidió la refundación de la República, pero que no se ha logrado
transformar realmente desde el Poder Popular conforme a ese mandato.
De otro lado, se ha podido evidenciar en las comunidades el surgimiento embrionario
de las mesas técnicas jurídicas y de las comisiones de justicia o derechos
humanos en los consejos comunales, que empiezan a plantearse tanto la
construcción de normativas comunitarias, como la reflexión y discusión sobre las
políticas públicas nacionales y las maneras que estas afectan a los ciudadanos
y a las comunidades.
