Por considerar una excelente entrevista del periodista José Luis Guerrero de Diario de La Nación al jurista Euclides Quevedo Abril, en fecha martes 29 de junio del 2010, sobre Derecho Penal, y estar en la cresta de la ola, el nuevo Código Penal venezolano, transcribimos íntegramente esa entrevista
“La transformación que vive hoy la República, incluye necesariamente el sistema penal venezolano y por tanto el llamado código penal, pero necesario es, hacer dos consideraciones previas, para entender la nueva filosofía penal, dentro de un Estado democrático y social, de derecho y de justicia”.
Este planteamiento corresponde a Euclides Quevedo Abril, docente universitario y profesor de derecho constitucional, quien presenta sus consideraciones sobre la reforma a este instrumento jurídico que se adelanta en la Asamblea Nacional, el cual en los últimos años ha sido revisado en dos oportunidades (2000 y 2005).
“Primero, no debemos olvidar que el Derecho que conocemos, está hecho conforme a las añejas doctrinas del liberalismo económico que asignan un gran relieve a los derechos individuales en desmedro de los intereses de la comunidad. Segundo, hoy, aun se aplica de hecho una justicia de clase, un derecho extremadamente conservador, petrificado; el código penal data de más de cien años, es una rémora del derecho penal europeo del siglo XIX, llamado el “Derecho de los Pobres”, y no precisamente porque les asegure sus derechos e intereses, sino más bien, porque desata la furia contra ellos”. Explicó.
A su juicio, los preceptos del código vigente, se encuentran retrasados, con respecto a la Constitución Bolivariana.
“Estos preceptos responden al sistema penal liberal y punitivista y que el derecho en general, está sumido en principios y supuestos propios de una antigua época que hoy lo hace ineficiente y obsoleto, incluyendo los estudios jurídicos que se enseñan en las universidades neoliberales o privadas”. Dijo.
Un nuevo Código Penal
En referencia al proyecto de nuevo Código Penal, expresó que no se trata de una reforma, “Es la adecuación a los principios, valores y fines, que inspiran el nuevo Estado Social que estamos obligados a construir y que se expresan en los principios fundamentales y a los postulados garantistas de la Constitución Bolivariana, es acometer una transformación profunda y definitiva de nuestra legislación penal”, preciso el docente.
Quevedo afirmó que el nuevo ordenamiento constitucional entonces, “se basa en el apego, respeto y garantía de los derechos humanos, establece una serie de valores, principios y normas que deben ser considerados con la finalidad de especificar los tipos delictivos que establecerá un nuevo Código Penal que supere las insuficiencias del vigente y la incoherencia del resto de la legislación punitiva”.
Planteó en su declaración que se hace necesario un debate político sobre cuáles son las conductas sociales que deben sancionarse penalmente en el proyecto de país que estamos construyendo, y cuáles los bienes jurídicos que deben tutelarse.
“Si queremos que el derecho penal deje de estar al servicio de los poderosos, de la burguesía y de la reproducción de un orden injusto y excluyente, y sirva a los más pobres, a la inclusión social y a la solidaridad, entonces nuestra política criminal debe replantearse, en todos sus ordenes”. Señaló.
Consideró el profesor universitario que el nuevo Código Penal debe ser de corte humanista, que incorpore la idea de justicia social en su seno.
“Esto implica que deban revisarse todos aquellos elementos que resulten contrarios a la dignidad humana, entre ellos, por citar sólo dos ejemplos: la preferencia por una única pena, como la prisión, en vez de contar con una serie de penas alternativas, o la existencia de la oprobiosa figura de la reincidencia, que es un resabio del Derecho penal de autor, en que se castiga a la persona, no por lo que hizo, sino por lo que es, una persona condenada previamente por otro delito por el que ya pagó a la sociedad”.
Finalizó destacando el importante de la participación ciudadana, “que puede hacer posible garantizar la solidaridad, la paz y la convivencia social; sí la ley penal es tarea exclusiva del Estado, está no tendrá efectos sin contar con el apoyo y la legitimación por parte de los ciudadanos”. (JLG)
